Ayuntamientos comprometidos con ASPRONIS y las entidades sociales

La Fundación reclama a los gobiernos catalán y central soluciones a los 10 años de congelación de módulos y al nuevo SMI

Malgrat de Mar aprueba de urgencia su apoyo en el último pleno municipal

La Fundación ASPRONIS ha presentado esta mañana al alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, y concejales del ayuntamiento una petición de apoyo del pleno municipal en la reclamación de las entidades sociales en las administraciones catalana y central por la grave situación en que se encuentran. La acción ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento de Tordera, un municipio del que provienen 60 personas de ASPRONIS, entre atendidas y plantilla, además de unos 170 niños aproximadamente atendidos de media cada año en atención precoz. En la reivindicación se ha sumado también El Rusc de Tordera, una fundación que da servicio a una treintena de personas con discapacidad intelectual del municipio y alrededores.

La semana pasada cuatro ayuntamientos acoger la petición de la Fundación ASPRONIS: Malgrat y Palafolls lo hicieron el martes, y Blanes y Lloret de Mar, jueves. Se trata de los municipios que tenían representación en el patronato hasta hace dos años, y de donde provienen más personas atendidas o trabajadores / as y para los que la Fundación trabaja directamente ya sea con servicios asistenciales, o contratación pública mediante el CET. Malgrat de Mar entró de urgencia la petición de la Fundación en el último pleno municipal y la aprobó por unanimidad. El consistorio enviará el acuerdo a la delegación del gobierno y a la Generalitat de Catalunya. Por su parte, Palafolls, Blanes, Lloret y Tordera también han manifestado su compromiso con la situación que viven las entidades y los colectivos vulnerables, y propondrán los próximos plenos una moción de apoyo. En las próximas semanas, ASPRONIS enviará también peticiones de apoyo también a todos los municipios de su territorio de actuación: comarca de la Selva y los municipios del norte del Maresme.

Las organizaciones y entidades dedicadas a la atención y el soporte a las personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, Parálisis Cerebral / pluridiscapacidad o con problemas de salud mental, así como los dedicadas a la atención precoz, piden el fin de la Congelación y los recortes de los Módulos asistenciales (Dinero que la administración destina a la atención de las personas atendidas en entidades), una situación que se arrastra desde 2009 y que compromete seriamente la atención de los Colectivos. Reclama también la grave situación a la que conduce a los Centros Especiales de Empleo (CEEs) el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, un FET que el sector celebra como avance social pero que debe asumir sin ningún tipo de medida de Financiación por parte de la Generalitat ni del Estado.

Las organizaciones representantes de estos colectivos hace meses que denuncian la situación que arrastran desde hace 10 años. Por ello, de manera reiterada han reclamado un plan urgente de recuperación que contemple una actualización y el incremento de precios para detener esta pérdida continuada de los últimos diez años, no comprometer más la atención a las personas y poder mejorar los condiciones salariales de los profesionales. Son más de 100.000 personas atendidas, más de 20.000 profesionales y más de 400 entidades afectadas. Durante esta década, las entidades han tenido que asumir el impacto de los recortes y la congelación, y també han tenido que afrontar un incremento acumulado de los costes de 1 9,33%. A pesar de que el coste de la vida se ha encarecido significativamente (con un IPC acumulado del 15,90% en Cataluña y un incremento de 5 puntos del IVA), los servicios a las personas se han continuado prestando con la menor afectación posible gracias al esfuerzo y el compromiso de las entidades y los profesionales. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno de la Generalitat ha estado una negativa a acordar un plan de recuperación.

 

 

Afectación de la subida del SMI

Los CEEs de iniciativa social tienen muchas dificultades. Durante los últimos años, los recortes de la administración han provocado un debilitamiento continuado de la situación financiera de las entidades, junto con otros problemas no resueltos relacionados al modelo. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un avance social que las entidades celebran por lo que conlleva de beneficio a los colectivos, pero que pone en riesgo el mantenimiento de 9.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad con especiales dificultades en Cataluña. En el CEE de la Fundación ASPRONIS trabajan 110 personas con discapacidad intelectual, 10 con discapacidad física y 60 profesionales especializados, en tareas de manipulados, envasados, jardinería, señalización viaria y mobiliario urbano.

El SMI a aplicar el 2019 es muy superior a los anteriores: supone un incremento del 22% que se ha producido sin ningún margen de planificación para las entidades y que no ha venido acompañado de ninguna medida de apoyo por parte de la Administración. Se suman a todo esto los recortes y la eliminación de ayudas para la creación de puestos de trabajo y el retraso en los pagos de financiación pública, situación que perjudica seriamente desde hace años la situación financiera de las entidades.

Los efectos de este incremento son especialmente críticos en Cataluña, ya que ha sido pionera respecto al Estado en la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad con especiales dificultades, y la colaboración público-privada ha permitido tener un modelo más abierto e inclusivo que ha generado miles de puestos de trabajo y ha promovido la inserción social y el desarrollo de estas personas. El sector reclama a las administraciones un incremento de la financiación hasta el 75% del SMI de ayuda, al menos hasta que haya un nuevo modelo de financiación que garantice el derecho al trabajo de las personas con discapacidad con especiales dificultades (se trata de aproximadamente 28 millones de euros en el presupuesto anual). También reclama la definición de un nuevo modelo que garantice el derecho al trabajo a las personas con discapacidad con especiales dificultades y dé soluciones transversales, entre otros, a los problemas del envejecimiento, la flexibilidad y la competencia desleal. Y por último, pide que las administraciones cumplan los compromisos, se pague con responsabilidad y se solucionen las situaciones de urgencia.