La Generalitat pone en peligro el trabajo de 121 trabajadores de ASPRONIS por impago
El Govern pone en peligro en toda Cataluña 10.000 empleos de personas con discapacidad intelectual al acumular una deuda de 153 millones que han adelantado a las entidades del sector para pagar salarios. Asimismo, ha recortado en más de 5 millones de euros la financiación del personal de apoyo de los Centros Especiales de Trabajo de iniciativa social (CETIS).
La Fundación ASPRONIS se suma a la denuncia rotunda que la federación Dincat, de entidades de la discapacidad intelectual en Catalunya, hace sobre el maltrato institucional inadmisible que supone el impago por parte del Gobierno de la Generalitat desde hace 1 año de la aportación que debe realizar, por ley, al Salario Mínimo Interprofesional de las personas con discapacidad intelectual. La deuda con ASPRONIS suma, por un lado, un total de 700.000€ este 2025 hasta septiembre, una cifra que la Fundación ha tenido que avanzar para hacer frente al coste salarial de los trabajadores con discapacidad, y pone en peligro directamente el empleo de 121 personas del Centro Especial de Trabajo de la Fundación.
Asimismo, la Generalitat también debe la línea de financiación que tiene que ver con el Equipo Multidisciplinar de Apoyo (EMS), el equipo formado por los técnicos y personal de atención directa que atienden a las personas con discapacidad en el puesto de trabajo, y que asciende a más de 220.000€.
Estos impagos están llevando a la asfixia financiera a las entidades sociales como ASPRONIS.
La Fundación, por el momento, ha podido hacer frente a los impagos al contar con una situación financiera saneada, fruto de una gestión prudente, pero no podrá soportar mucho más la situación sin un incremento del endeudamiento, medida nada recomendable. Estos incumplimientos del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña perjudican la estructura de costes y el balance del conjunto de la entidad y, como consecuencia, la viabilidad económica del Centro Especial de Trabajo, ya débil en el contexto económico actual.
Son muchas las entidades del sector de la discapacidad intelectual las que ya han tenido que pedir créditos o realizar ajustes diversos para poder pagar las nóminas y todas manifiestan encontrarse en un punto de colapso financiero que no podrán revertir si no es con el cobro de toda la deuda.
Impagos y más recortes
Al peligro del colapso financiero y de modelo de trabajo protegido para las personas con menos oportunidades de inserción, hay que añadir todavía un factor más que augura un futuro aún con menos derechos y con más perjuicios para los 93 CETIS y las personas que trabajan en él, un total de 10.000 en toda Cataluña: se trata de la decisión del Departamento de Empresa y Trabajo de reducir más de 5 millones de euros destinados al personal de apoyo de los CETIS, formado por profesionales de la psicología, el trabajo social y la atención directa, que vela de forma constante por la adaptación al puesto de trabajo, la salud, el bienestar, y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Estos equipos son esenciales para garantizar un trabajo seguro, digno y adaptado. Recortar este soporte no es sólo un error: es una irresponsabilidad política de primer orden.
La plantilla de ASPRONIS
El Centro Especial de Trabajo de la Fundación ASPRONIS cuenta con una plantilla de 121 personas, entre ellas 102 con discapacidad intelectual de especiales dificultades, que suponen el 93,5% de la plantilla total con DID. También emplea a 7 personas con discapacidad que no tienen especiales dificultades, y dispone de un Equipo Multidisciplinar de Apoyo (EMS) de 12 profesionales (3 técnicos y 9 profesionales de atención directa). El 54% de la plantilla tiene más de 45 años y tiene una antigüedad media que roza los 20 años.
Por todo ello, el perjuicio hacia el colectivo va mucho más allá de lo económico: revierte directamente en la dignidad, los derechos y la calidad de vida de las personas trabajadoras con discapacidad intelectual y las que les apoyan.
ASPRONIS denuncia los agravios que se derivan del incumplimiento de las obligaciones de la Generalitat con los colectivos más vulnerables que atendemos y actuará para proteger los derechos de estas personas como hace desde hace ya más de 55 años.
Nos unimos asimismo a las reclamaciones de Dincat y pedimos el apoyo de la ciudadanía a la campaña de petición a través de la plataforma Change.org con el objetivo de sumar el máximo de apoyos posibles y conseguir revertir esta situación tan grave.